Como
ya he comentado en anteriores entradas,
el Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador de la riqueza de una Comunidad
y puede expresarse como valor monetario total (nominal) o distribuido entre los
habitantes de la misma (per cápita).
Si
analizamos esa distribución de la riqueza entre las Comunidades Autónomas de
nuestro país, sorprende las grandes diferencias que se presentan entre ellas,
de los 30.683 euros que le corresponden a un ciudadano en el País Vasco a los
16.590 euros de otro en Extremadura, hay un abismo que representa el más
absoluto fracaso de las políticas de igualdad de todos los gobiernos nacionales
y autonómicos que han tenido la responsabilidad de hacer de España un país en
el que todos podamos vivir mejor y de manera parecida.
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| Fuente: INE |
El informe de la Fundación FOESSA
(2008) ya advertía el riesgo de desigualdad social como consecuencia de “la
descentralización de algunos servicios básicos de bienestar social”. Pero,
además, esa desigualdad social no solo se percibe en el nivel de riqueza de una
Comunidad Autónoma, sino que, incluso dentro de ella, la redistribución de la
riqueza puede ser muy cuestionada. El mismo informe indica que el 1% de los
hogares acumula el 12% de la riqueza. En el extremo contrario, la reducción de
la tasa de pobreza fue un logro de las políticas públicas durante la década de
los 90, pero en la última década “España
sigue encajada en un cluster periférico
dentro de la Unión Europea
y es el único de los países que partiendo de altos niveles de pobreza, salvo
Irlanda, no ha conseguido reducciones sustanciales de las tasas.” Si esto
se publicaba en 2008, al poco de materializarse los primeros efectos de la
crisis económica, asusta pensar qué puede estar pasando en este 2012 y lo que
vendrá en los próximos años.
Situación
socioeconómica y estado de salud van íntimamente unidos. La comisión de la OMS sobre los determinantes sociales de la salud afirmó en 2008: “Por
determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes estructurales
y las condiciones de vida que son causa de buena parte de las inequidades
sanitarias entre los países y dentro de cada país. Se trata en particular de: la distribución
del poder, los ingresos y los bienes y servicios; las circunstancias que rodean
la vida de las personas, tales como su acceso a la atención sanitaria, la
escolarización y la educación; sus condiciones de trabajo y ocio; y el estado
de su vivienda y entorno físico. La expresión «determinantes sociales» resume
pues el conjunto de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y
culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud”.
Con
esta premisa, puede inducir a error, analizar el Gasto Sanitario Público de
cada Comunidad Autónoma si no se tienen en cuenta, entre otras cosas, su
situación socioeconómica, la falta de inversión de Estado central en la mejora
de sus recursos públicos (la deuda histórica) y la necesaria sobreinversión que
los gobiernos de las comunidades más desfavorecidas han de aplicar para
intentar mejorar el nivel de salud de
sus ciudadanos en un esfuerzo compensador.
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| Fuente: Indicadores Claves del SNS. Versión 2011 |
No
obstante, la lógica del razonamiento anterior no parece corresponderse con esta
distribución, Comunidades “ricas” como Baleares o Madrid dedican muy poco a
sanidad mientras otras también con alto PIB priorizan el gasto sanitario entre
sus ciudadanos como el es caso del País Vasco o Navarra.
Es
evidente que la priorización del gasto en la sanidad ha de entenderse como una
decisión política que adquiere gran importancia cuando la financiación que
distribuye el gobierno central dejó de ser finalista, es decir, los gobiernos
autonómicos la pueden dedicar a grandes conciertos de rock o aeropuertos o, por
el contrario, a la sanidad pública. Esta gráfica sitúa esa sensibilidad a la
hora de priorizar las decisiones de gasto autonómico
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| Elaboración propia sobre INCLASNS. 2011 |
La
mayoría de las Comunidades con menor riqueza (Extremadura, Andalucía,
Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias o
Castilla y León) dedican más porcentaje de la misma a sanidad. No obstante
entre estas hay grandes diferencias, desde el 10.22% de Extremadura o el 8.79%
de Murcia al 6.67% de la
Valenciana o el 6.55% de Castilla y León.
Desde cuando Lalonde, presentó su famoso informe A New Perspective on the Health of Canadians (1974) hasta las tendencias más innovadoras de la
epidemiología social es indiscutible que el acceso a los servicios sanitarios
determina en parte el estado de salud de la población, aunque, eso sí, hasta un
umbral de intervención a partir del cual, mayores inversiones en sanidad no se
correlacionan con un mejor estado de salud. Esto, aunque en principio puede
considerarse como un axioma universal, tiene, bajo mi punto de vista, una
matización importante: depende en donde se realicen esas inversiones. No es lo
mismo destinarlas a salud pública y atención primaria que a alta tecnología o
medicalización de la vida; no es lo mismo gastarlo en screening poblacionales
con poca evidencia científica y fármacos que prolongan la agonía de un enfermo
en 12 horas o en promoción de la salud y atención domiciliaria
El siguiente problema es valorar si ese esfuerzo inversor de las
Comunidades Autónomas está siendo bien gestionado y produce resultados en salud
que, al fin y al cabo, es el objetivo fundamental de tales políticas.
Voy
a iniciar una serie de entradas dedicadas a analizar estos resultados
vinculando PIB, GSP y estado de salud de las CCAA.
José Martínez López
Apuntes para la reflexión sanitaria
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