El Real Decreto Ley 16/2012
aprobado por el Gobierno
supone un paso más –muy
importante– dentro de la
contrarreforma sanitaria que se viene
realizando desde hace años, e implica modificaciones
sustanciales en
el modelo de sanidad pública universal,
además de abrir vías para futuros
recortes. Para empezar, vincula
el derecho a la atención sanitaria
al aseguramiento (excluye de la atención
gratuita a quienes no ostenten
esta condición) y no establece que
éste tenga que ser al régimen general
de la Seguridad Social, lo que deja
abierta la posibilidad de modelos
de aseguramiento diferentes (orientados
a la desgravación fiscal de seguros
privados).
Apoyándose en el discurso xenófobo
de un supuesto abuso, excluye
de la atención integral a los inmigrantes
no regularizados, limitándola
a urgencias, embarazos y a los menores
de 18 años, a pesar de que
existen múltiples estudios que demuestran
que los inmigrantes (regularizados
o no) utilizan en menor
medida que los nacionales el
Sistema Nacional de Salud (SNS).
Además, como la sanidad se financia
vía impuestos, incluso los irregulares
aportan con impuestos como el
IVA su dinero para el mantenimiento
de los servicios públicos. Se trata
de una medida inhumana, injusta,
inmoral, peligrosa desde el punto de
vista de la salud pública (aumenta el
riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas)
y negativa desde
el lado de los costes (al ser el único
acceso que les queda, se incrementarán
las visitas a urgencias).
Por primera vez, se aprueba el “copago
farmacéutico para pensionistas”
(10% del precio de las medicinas)
y el “aumento del copago farmacéutico
para el resto de la población”,
según teóricos niveles de renta.
Así se establece un impuesto a la
enfermedad. La protección social,
basada en la solidaridad de los impuestos
en función de la renta, deja
de tener efecto, obligándose a pagar
más no a quienes más tienen, sino a
quienes están más enfermos.
Prestaciones de su bolsillo
También se anuncia el pago por los
usuarios de “medicamentos para síntomas
menores”, sin definir cuáles,
pero que con toda seguridad serán
medicamentos útiles y de utilización
frecuente (analgésicos, antihistamínicos),
que pasarán a ser pagados
por el bolsillo del ciudadano. Se instaura
asimismo el pago de una parte
del transporte sanitario no urgente,
la dietoterapia, etc. ¿Qué pasará con
los enfermos que precisan diálisis u
oncológicos que realizan varios viajes
semanales?
Sin embargo, las actuaciones sobre
la industria farmacéutica son
testimoniales y de escaso impacto
económico. En este sentido existen
medidas de lógica común y perfectamente
asumibles, como las compras
al por mayor y la distribución
en los propios centros sanitarios de
la medicación prescrita; la creación
de una industria nacional para los
medicamentos básicos (como la tienen
las Fuerzas Armadas); la prohibición
de que la formación médica
esté en manos de las multinacionales;
o incluso la no financiación por
el sector público de todos aquellos
fármacos que se registren, medidas
que podrían ahorrar miles de millones
de euros, pero que no van ni siquiera
a plantearse.
El documento sí
ahonda en el camino de los ‘incentivos
perversos’ justificados sobre la
“racionalización [recorte] del gasto”
y la “competencia –en lugar de la colaboración–
entre profesionales y
centros”. Los nuevos modelos de
hospitales privatizados incorporan
incentivos económicos a los profesionales
que menos pacientes ingresan,
más altas dan o menos derivan a
los especialistas.
Los 600 millones de euros que según
el Gobierno se van a ahorrar
con una supuesta “coordinación entre
servicios sociales y sanitarios”,
no esconden más que el cierre anunciado
de más centros públicos de
larga estancia para la derivación de
los pacientes crónicos a centros privados,
como acaba de ocurrir con el
cierre de los dos hospitales de crónicos
y paliativos de Palma de
Mallorca.
Las medidas anunciadas son, por
tanto, un paso más dentro del plan
perfectamente planificado que se
lleva desarrollando años con la complicidad
de las cúpulas sindicales y
el apoyo imprescindible del partido
ex socialdemócrata. En grandes líneas:
por una parte, se traspasan las
partes rentables del sistema para lucro
de todo tipo de empresas, potenciándose
los seguros privados para
quienes puedan pagárselos; y por
otra, se va articulando un sistema similar
al antiguo de beneficencia para
excluidos, parados y trabajadores.
La respuesta está en la coordinación
de las luchas autogestionadas y
autónomas del poder, desoyendo los
cantos de sirena de la ‘izquierda posibilista’,
cuya postura se limita a la
llamada e intento de captación del
voto representativo, ocultando que
no hay vuelta atrás y que el Estado
de bienestar no volverá.
Asamblea abierta en Madrid sobre desobediencia al Real Decreto este sábado
Redacción web
Desde que saltó la noticia de las restricciones para el acceso universal a la atención médica, han cundido las iniciativas de desobediencia impulsadas tanto por profesionales como por usuarias y usuarios de la sanidad pública.
Este sábado una de estas iniciativas celebra una
asamblea abierta en el centro social Patio Maravillas (Madrid, calle
Pez, 21) a las 19 horas. "Somos usuarias del sistema público de salud,
personal sanitario (médicas,
limpiadores, celadoras, personal administrativo, enfermeros, ...),
vecinas
y vecinos con y sin papeles pero, sobre todo, personas en contra de una
nueva división social entre aseguradas y no aseguradas", informan en la
convocatoria de esta reunión pública por la desobediencia al Real
Decreto.
La iniciativa quiere impulsar la acción conjunta contra
las nuevas directrices sanitarias "desde la práctica cotidiana,
tanto desde el personal sanitario como desde los/as usuarios/as". La
asamblea tendrá también como objetivo el juntar a personal sanitario y
personas afectadas para mostrar "las graves consecuencias de la
ley" y para exigir a las ONG "que no
acepten la creación de una especie de seguridad social benéfica paralela
como pretende el Gobierno". Estas propuestas pretenden ser una
iniciativa abierta a otras que estén en
marcha o se quieran llevar a cabo.
Antonio Gómez Liébana
Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS Madrid)
Diagonal
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