Es sorprendente el marginal debate y las pocas movilizaciones surgidas
alrededor de la reforma de las pensiones que el gobierno quiere aprobar
antes de fin de año. La gravedad de la reforma se puede constatar en los
presupuestos públicos de 2014 presentados las últimas semanas. "Las
pensiones aumentan un 0,25%" titulaban falazmente los medios de
comunicación convencionales. Si la inflación es superior al 0,25%, y
raramente no lo es, las pensiones no suben sino que bajan. Lo cierto es
que las pensionistas cobraran cada vez menos. El gobierno reducirá las
pensiones tanto futuras como actuales, algo insólito hasta el momento.
Las consecuencias pueden ser dramáticas dado que las prestaciones son
actualmente muy limitadas y miles de familias con todos sus miembros
parados sobreviven gracias a la pensión de los padres, madres, abuelos y
abuelas. En cambio, esta reforma podría ser una oportunidad para
movilizar un amplio sector de la población en la defensa de un derecho
que hasta ahora creíamos un pilar intocable del estado de bienestar. El
Seminari d'economia crítica Taifa ha publicado recientemente un breve
informe con el que desenmascara los argumentos y denuncia las
consecuencias de esta reforma. Me limito a recojer los ejes del debate y
los argumentos que han de servir para concienciar una población
golpeada por la crisis y los programas de ajuste.
Las pensiones no tienen relación directa con la crisis económica. Los poderes políticos y económicos planteaban esta cuestión mucho antes del estallido de la crisis. El sistema de pensiones público es uno de los objetivos a derrocar de la agenda neoliberal desde hace décadas. La estrategia de deterioro de las pensiones públicas empieza con la reducción de las prestaciones. El argumento central que utilizan los "comités de sabios", siempre formados por representantes de la banca y las aseguradoras, es que el sistema de pensiones es insostenible. Las causas que presentan son que la esperanza de vida aumenta progresivamente al mismo tiempo que hay menos cotizantes a causa de la caída de la población activa. A partir de esta idea extienden la alarma social pregonando que a largo plazo no habrá dinero para pagar las pensiones públicas.
La actual reforma se centra en dos índices de aparente carácter técnico. Por un lado, el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) a través del cual los nuevos jubilados verán reducirse anualmente el importe de su pensión en función del aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, el Factor de Revalorización Anual (FRA) afectará a todos los jubilados, futuros y presentes, a través de la eliminación de la revalorización por el IPC -índice de precios al consumo que mide la inflación. La referencia al IPC será substituida por una complicada fórmula que acabará provocando la reducción de la capacidad de compra de las pensiones pues difícilmente aumentará por encima de la inflación.
Observamos una vez más como el lenguaje tecnocrático y opaco es una herramienta utilizada por los gobiernos para hacer creer a la población que las reformas impuestas son la única y adecuada alternativa. Las trampas de estos argumentos son múltiples, y se podría extraer una lectura política sobre la distribución del excedente social producido por los y las trabajadoras. Pero en un nivel más superficial ya encontramos flagrantes falacias.
No hay ningún motivo económico que justifique que el presupuesto de pensiones haya de estar constantemente en equilibrio o superávit. A ninguna otra partida del presupuesto público se le exige que se autofinancie dado que son los ingresos vía impuestos que cubren una serie de gastos e inversiones. Por qué las pensiones han de pagarse exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores? Si entendemos que los ancianos son un sector de la población del que hemos de hacernos cargo el conjunto de esta, también las rentas al capital, y otros impuestos, podrían aportar al fondo de pensiones. Por qué no se considera un aumento de los ingresos del sistema de pensiones? Si hace falta solucionar la actual situación de déficit, presente únicamente hace dos años y minúsculo comparado con el déficit de otras partidas de la administración, se podría aumentar las cotizaciones de los trabajadores activos y de las empresas o bien crear un impuesto a tal efecto o destinar una parte de los ingresos de los impuestos ya existentes.
El número de trabajadores, ciertamente menguante por la destrucción productiva causante de la crisis, es un dato secundario. Lo que importa es la riqueza producida. Los aumentos de la productividad gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas han permitido a la economía producir más mercancías con menos trabajadores. Dejando ahora de lado, aunque no hay que olvidarlo, lo que esto supone en términos de generación de un creciente ejército de reserva y de la intrínseca caída tendencial de la tasa de ganancia del capital. De este modo, los bienes y servicios, o valores de uso, que sirven para cubrir las necesidades de las personas son progresivamente mayores. No es necesario observar que para producirlos ha hecho falta menos trabajadores sino que se genera una riqueza creciente en proporción a una población dada. De este modo, el problema se desplazaría hacia lo relevante del debate: la distribución de la riqueza.
El otro elemento importante, que explica por qué se recupera ahora el debate de las pensiones, es que en el contexto de crisis es más fácil aprobar este tipo de medidas antipopulares. La reforma de las pensiones públicas casa perfectamente con las políticas de ajuste centradas en los recortes del gasto público, la privatización del patrimonio y los servicios públicos y la liberalización de la economía. Por otro lado, la capacidad de reacción de la población, masivamente desocupada y endeudada y atemorizada por el futuro incierto, es muy reducida.
Una vez tengamos pensiones tan reducidas que no sea posible sobrevivir con ellas, el gobierno y los promotores de la reforma recomendarán la contratación de pensiones privadas, no sólo individuales sino también colectivas, de empresa, algo que algunas instituciones públicas ya han aplicado a sus funcionarios. Las pensiones privadas han aumentado fuertemente los últimos años pero parece que no lo suficiente según los intereses de las instituciones financieras. La insultante explicación que se encuentra en la mayoría de informes de la patronal y del sector financiero es que las pensiones públicas "son demasiado generosas", y por ello los ahorradores no contratan pensiones privadas. En cambio, la pensión media es de 858 euros: la media de jubilación es de 982 euros y la media de viudez es de 618 euros. A pesar de que estos importes son modestos, las medias no siempre explican la magnitud del problema. Según la fundación FOESSA y Cáritas, el 57% de los pensionistas perciben una cantidad inferior a 650 euros (umbral de pobreza) y el 13% percibe menos de 350 euros (nivel de pobreza severa). La mitad de la población pensionista en España es pobre. Pero para los expertos financieros las pensiones son "demasiado generosas".
Las pensiones privadas gozan de importantes desgravaciones fiscales en la declaración de la renta. Si realmente hay que aplicar recortes y reformas para reducir el déficit, y si realmente no hay dinero para las pensiones públicas, por qué se desgravan las pensiones privadas? La respuesta se encuentra en el modelo de fiscalidad que promueve favorecer sistemáticamente el capital y la población con rentas más elevadas excusado bajo la falsa teoría del goteo.
El verdadero objetivo de la reforma es la privatización de las pensiones, algo que permitiría al capital financiero gestionar ingentes ahorros a través de los fondos de pensiones privados con destino a los mercados financieros globales. Esta es una palanca más de la acumulación por desposesión a través de la cual el capital quiere ocupar el espacio de un derecho social que hasta el momento se escapaba de su lógica de valorización.
La consecuencia de la reforma de las pensiones será, claramente, el aumento de la pobreza y las desigualdades. A parte del elevado riesgo que comporta depositar los ahorros de una vida en un fondo privado. El sector financiero, el realmente existente, no las utopías de la economía ortodoxa premiada con Nobeles, se caracteriza, como hemos visto últimamente, por la inestabilidad, las crisis y las prácticas fraudulentas. De verdad queremos confiar nuestros ahorros de jubilación a las mismas instituciones de las agencias de evaluación de riesgo, de la crisis de las hipotecas basura, de la especulación con deuda pública, de la burbuja inmobiliaria y los desahucios? Nos hemos vuelto locos?
Otros argumentos como el alto coste de gestión de las pensiones privadas, la baja rentabilidad, etc. y un mayor detalle en las consecuencias de la reforma lo encontraran en el informe presentado por el Seminario de economía crítica Taifa: Las propuestas sobre las pensiones y las trampas que ellas plantean.
En resumen, si no hay recursos para mantener el sistema de pensiones público no se entiende de donde pueden salir los recursos para las pensiones privadas. La crisis de las pensiones no es una verdad técnica. Es una construcción política e ideológica. Si se considera el tema en toda su amplitud tal crisis no existe. Es de vital importancia frenar esta reforma. La única manera de defensar el derecho a una pensión digna es la misma como se consiguió: la lucha y la movilización social.
Ivan Gordillo, miembro del Seminario de economía crítica Taifa
Las pensiones no tienen relación directa con la crisis económica. Los poderes políticos y económicos planteaban esta cuestión mucho antes del estallido de la crisis. El sistema de pensiones público es uno de los objetivos a derrocar de la agenda neoliberal desde hace décadas. La estrategia de deterioro de las pensiones públicas empieza con la reducción de las prestaciones. El argumento central que utilizan los "comités de sabios", siempre formados por representantes de la banca y las aseguradoras, es que el sistema de pensiones es insostenible. Las causas que presentan son que la esperanza de vida aumenta progresivamente al mismo tiempo que hay menos cotizantes a causa de la caída de la población activa. A partir de esta idea extienden la alarma social pregonando que a largo plazo no habrá dinero para pagar las pensiones públicas.
La actual reforma se centra en dos índices de aparente carácter técnico. Por un lado, el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) a través del cual los nuevos jubilados verán reducirse anualmente el importe de su pensión en función del aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, el Factor de Revalorización Anual (FRA) afectará a todos los jubilados, futuros y presentes, a través de la eliminación de la revalorización por el IPC -índice de precios al consumo que mide la inflación. La referencia al IPC será substituida por una complicada fórmula que acabará provocando la reducción de la capacidad de compra de las pensiones pues difícilmente aumentará por encima de la inflación.
Observamos una vez más como el lenguaje tecnocrático y opaco es una herramienta utilizada por los gobiernos para hacer creer a la población que las reformas impuestas son la única y adecuada alternativa. Las trampas de estos argumentos son múltiples, y se podría extraer una lectura política sobre la distribución del excedente social producido por los y las trabajadoras. Pero en un nivel más superficial ya encontramos flagrantes falacias.
No hay ningún motivo económico que justifique que el presupuesto de pensiones haya de estar constantemente en equilibrio o superávit. A ninguna otra partida del presupuesto público se le exige que se autofinancie dado que son los ingresos vía impuestos que cubren una serie de gastos e inversiones. Por qué las pensiones han de pagarse exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores? Si entendemos que los ancianos son un sector de la población del que hemos de hacernos cargo el conjunto de esta, también las rentas al capital, y otros impuestos, podrían aportar al fondo de pensiones. Por qué no se considera un aumento de los ingresos del sistema de pensiones? Si hace falta solucionar la actual situación de déficit, presente únicamente hace dos años y minúsculo comparado con el déficit de otras partidas de la administración, se podría aumentar las cotizaciones de los trabajadores activos y de las empresas o bien crear un impuesto a tal efecto o destinar una parte de los ingresos de los impuestos ya existentes.
El número de trabajadores, ciertamente menguante por la destrucción productiva causante de la crisis, es un dato secundario. Lo que importa es la riqueza producida. Los aumentos de la productividad gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas han permitido a la economía producir más mercancías con menos trabajadores. Dejando ahora de lado, aunque no hay que olvidarlo, lo que esto supone en términos de generación de un creciente ejército de reserva y de la intrínseca caída tendencial de la tasa de ganancia del capital. De este modo, los bienes y servicios, o valores de uso, que sirven para cubrir las necesidades de las personas son progresivamente mayores. No es necesario observar que para producirlos ha hecho falta menos trabajadores sino que se genera una riqueza creciente en proporción a una población dada. De este modo, el problema se desplazaría hacia lo relevante del debate: la distribución de la riqueza.
El otro elemento importante, que explica por qué se recupera ahora el debate de las pensiones, es que en el contexto de crisis es más fácil aprobar este tipo de medidas antipopulares. La reforma de las pensiones públicas casa perfectamente con las políticas de ajuste centradas en los recortes del gasto público, la privatización del patrimonio y los servicios públicos y la liberalización de la economía. Por otro lado, la capacidad de reacción de la población, masivamente desocupada y endeudada y atemorizada por el futuro incierto, es muy reducida.
Una vez tengamos pensiones tan reducidas que no sea posible sobrevivir con ellas, el gobierno y los promotores de la reforma recomendarán la contratación de pensiones privadas, no sólo individuales sino también colectivas, de empresa, algo que algunas instituciones públicas ya han aplicado a sus funcionarios. Las pensiones privadas han aumentado fuertemente los últimos años pero parece que no lo suficiente según los intereses de las instituciones financieras. La insultante explicación que se encuentra en la mayoría de informes de la patronal y del sector financiero es que las pensiones públicas "son demasiado generosas", y por ello los ahorradores no contratan pensiones privadas. En cambio, la pensión media es de 858 euros: la media de jubilación es de 982 euros y la media de viudez es de 618 euros. A pesar de que estos importes son modestos, las medias no siempre explican la magnitud del problema. Según la fundación FOESSA y Cáritas, el 57% de los pensionistas perciben una cantidad inferior a 650 euros (umbral de pobreza) y el 13% percibe menos de 350 euros (nivel de pobreza severa). La mitad de la población pensionista en España es pobre. Pero para los expertos financieros las pensiones son "demasiado generosas".
Las pensiones privadas gozan de importantes desgravaciones fiscales en la declaración de la renta. Si realmente hay que aplicar recortes y reformas para reducir el déficit, y si realmente no hay dinero para las pensiones públicas, por qué se desgravan las pensiones privadas? La respuesta se encuentra en el modelo de fiscalidad que promueve favorecer sistemáticamente el capital y la población con rentas más elevadas excusado bajo la falsa teoría del goteo.
El verdadero objetivo de la reforma es la privatización de las pensiones, algo que permitiría al capital financiero gestionar ingentes ahorros a través de los fondos de pensiones privados con destino a los mercados financieros globales. Esta es una palanca más de la acumulación por desposesión a través de la cual el capital quiere ocupar el espacio de un derecho social que hasta el momento se escapaba de su lógica de valorización.
La consecuencia de la reforma de las pensiones será, claramente, el aumento de la pobreza y las desigualdades. A parte del elevado riesgo que comporta depositar los ahorros de una vida en un fondo privado. El sector financiero, el realmente existente, no las utopías de la economía ortodoxa premiada con Nobeles, se caracteriza, como hemos visto últimamente, por la inestabilidad, las crisis y las prácticas fraudulentas. De verdad queremos confiar nuestros ahorros de jubilación a las mismas instituciones de las agencias de evaluación de riesgo, de la crisis de las hipotecas basura, de la especulación con deuda pública, de la burbuja inmobiliaria y los desahucios? Nos hemos vuelto locos?
Otros argumentos como el alto coste de gestión de las pensiones privadas, la baja rentabilidad, etc. y un mayor detalle en las consecuencias de la reforma lo encontraran en el informe presentado por el Seminario de economía crítica Taifa: Las propuestas sobre las pensiones y las trampas que ellas plantean.
En resumen, si no hay recursos para mantener el sistema de pensiones público no se entiende de donde pueden salir los recursos para las pensiones privadas. La crisis de las pensiones no es una verdad técnica. Es una construcción política e ideológica. Si se considera el tema en toda su amplitud tal crisis no existe. Es de vital importancia frenar esta reforma. La única manera de defensar el derecho a una pensión digna es la misma como se consiguió: la lucha y la movilización social.
Ivan Gordillo, miembro del Seminario de economía crítica Taifa
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